Daniel Roggero, de Usina de Justicia, advirtió sobre la falta de datos confiables de prófugos y el impacto en las víctimas

NewsDigitales informó que Daniel Roggero, abogado penalista e integrante de Usina de Justicia, cuestionó la falta de estadísticas uniformes sobre las personas buscadas por la Justicia, las deficiencias en los mecanismos de búsqueda y las consecuencias que esas demoras pueden tener para las víctimas.

Según el medio, Roggero planteó que no existe una lista oficial comparable entre jurisdicciones y que las cifras de prófugos «van de 200.000 a 45.000, según la fuente y según el criterio». En esa misma entrevista estimó que «se podría decir probablemente que por lo menos en algún momento hubo más prófugos que detenidos, sea en condición de condenado o de procesado». Roggero presentó esa comparación como una estimación general, no como el resultado de un relevamiento estadístico propio.

Para las familias que acompaña Usina, no saber cuántas personas están buscadas ni cómo se las busca no es un detalle administrativo: habla de la posibilidad real de que una causa avance o se diluya, y de si habrá o no una respuesta judicial.

Capturas que dependen de una casualidad

Uno de los cuestionamientos de Roggero, según NewsDigitales, apunta a los métodos de localización. El abogado sostuvo que muchas detenciones ocurren cuando la persona buscada aparece en un control cotidiano —en un estadio, una terminal, un paso fronterizo o un establecimiento electoral— y sus datos coinciden con un pedido de captura.

«Lo encuentran por casualidad porque fueron a la cancha y estaba registrado, fueron a tomar un micro de larga distancia o fueron a votar», afirmó, según el medio. Roggero preguntó quién los busca, cómo los busca y con qué técnicas, y vinculó el problema no solo a recursos materiales, sino también a la formación y a la falta de herramientas específicas para rastrear personas.

Para ejemplificarlo, recordó el caso de un hombre acusado de abusar de su hijastra de 11 años que permaneció 14 años prófugo y fue detenido después de que la investigación adquiriera repercusión pública. Usó ese episodio para preguntar qué ocurre con los miles de expedientes sin presencia mediática, en los que las familias deben insistir durante años. La determinación de responsabilidades en cada causa corresponde a la Justicia.

El riesgo de que las causas prescriban

Otro eje de la entrevista fue el efecto del paso del tiempo. Roggero advirtió que una persona buscada durante años podría intentar obtener después una declaración de prescripción, según el delito y las circunstancias procesales.

«Los plazos de la búsqueda, porque en la Justicia existen los plazos de prescripción. Si alguien pasó mucho tiempo y no lo encuentran, después se presenta y pide la prescripción», explicó, según NewsDigitales. Esas situaciones pueden ser especialmente graves para las familias, que además de atravesar el daño del delito ven frustrada la posibilidad de obtener una sentencia.

De todos modos, la prescripción no opera de manera idéntica en todas las causas y la condición de prófugo no determina automáticamente su aplicación. Cada expediente requiere analizar los plazos legales y los actos que pueden suspender o interrumpir su curso.

Datos que ya existen, pero no se aprovechan

Roggero también cuestionó que las técnicas de investigación no se hayan modernizado al ritmo de los recursos tecnológicos disponibles. Señaló que hoy existen registros digitales de movimientos bancarios, viajes, consumos y comunicaciones que, usados dentro de una investigación judicial, podrían ayudar a localizar a personas buscadas. «Hoy sobran los datos», sostuvo, según el medio.

Su planteo apunta a incorporar herramientas tecnológicas y formación especializada para búsquedas sostenidas, en lugar de depender de que una persona con pedido de captura aparezca en un control. También pidió información pública y comparable sobre pedidos de captura, tiempos de búsqueda y causas sin resolución: sin esas estadísticas, es difícil saber qué políticas funcionan y cuáles deben cambiarse.

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