Usina de Justicia pidió al CENAVID y a la Provincia de Buenos Aires difundir criterios para proteger la identidad y los datos de las víctimas

Usina de Justicia presentó dos peticiones ante el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) y la Dirección Provincial de Asistencia a las Víctimas de la provincia de Buenos Aires para solicitar que se difundan entre juzgados, tribunales, fiscalías, defensorías y otros organismos judiciales criterios destinados a proteger la identidad, la privacidad y los datos personales de las víctimas de delitos.

Las presentaciones parten de una preocupación concreta: la exposición innecesaria de información personal de víctimas y familiares dentro de actuaciones o comunicaciones vinculadas con procesos judiciales puede comprometer su seguridad, afectar su intimidad y generar nuevas situaciones de revictimización.

En los escritos, Usina de Justicia señala haber advertido en distintos ámbitos jurisdiccionales casos en los que datos como la identidad, el domicilio o la información de contacto de víctimas y familiares son incorporados o difundidos sin las debidas salvaguardas. En la presentación dirigida a la Provincia de Buenos Aires, la Asociación advierte especialmente sobre situaciones observadas en esa jurisdicción.

Criterios uniformes para resguardar a las víctimas

Las peticiones buscan promover entre los operadores judiciales pautas comunes que permitan compatibilizar las necesidades propias de un proceso judicial con el derecho de las víctimas a preservar su privacidad y seguridad.

Entre las medidas planteadas se encuentran:

• resguardar adecuadamente la identidad y los datos personales de las víctimas dentro de las actuaciones judiciales;
• limitar la difusión de información sensible a aquellos supuestos en los que resulte estrictamente necesaria para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso;
• implementar mecanismos que eviten la exposición pública innecesaria de víctimas y familiares;
• reforzar la aplicación efectiva de los principios de confidencialidad, privacidad y no revictimización.

El planteo no propone impedir el acceso a información necesaria para el funcionamiento del proceso judicial, sino evitar que datos sensibles sean expuestos más allá de aquello que resulte indispensable.

Los derechos de las víctimas como fundamento

Ambas presentaciones fundan el pedido en la Ley Nacional 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que reconoce, entre otros derechos, el trato digno y respetuoso, la protección de la intimidad y la seguridad y la adopción de medidas destinadas a evitar nuevas formas de victimización.

La petición dirigida al CENAVID también señala las disposiciones del Código Procesal Penal Federal vinculadas con la protección de las víctimas y con la necesidad de evitar la exposición innecesaria de información sensible que pueda facilitar su identificación o localización.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el planteo incorpora además la Ley Provincial 15.232, que reconoce derechos específicos de las víctimas y contempla la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos frente a posibles intimidaciones o represalias.

Los escritos también remiten a estándares internacionales de protección, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Evitar que el proceso judicial genere una nueva vulneración

Para Usina de Justicia, proteger a quien atravesó un delito no se limita a garantizar su participación formal en un expediente. También requiere impedir que esa participación genere nuevos riesgos como consecuencia de una exposición injustificada de información personal.

La identidad, el domicilio, los datos de contacto y otras informaciones sensibles pueden convertirse en factores de riesgo cuando son difundidos sin necesidad o sin mecanismos adecuados de protección, particularmente en situaciones en las que existen posibilidades de intimidación, hostigamiento o represalias.

Por ese motivo, las presentaciones solicitan que tanto en el ámbito nacional como en la provincia de Buenos Aires se promueva la difusión institucional de criterios de protección entre quienes intervienen diariamente en la administración de justicia.

El objetivo es que el resguardo de la privacidad, la seguridad y la dignidad de las víctimas forme parte efectiva de la práctica judicial y contribuya a evitar que una persona que ya sufrió un delito vuelva a resultar vulnerada durante su búsqueda de justicia.