Lucrecia Zárate en los medios: la voz de las víctimas ante la suspensión del Régimen Penal Juvenil

Lucrecia Zárate, abogada, criminóloga e integrante de Usina de Justicia, participó en distintos medios durante la controversia generada por la suspensión durante 60 días de la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. En TN, durante Sólo Una Vuelta Más, y posteriormente en Extra FM 102.1, concentró su intervención en tres cuestiones: el alcance institucional de la decisión judicial, los meses disponibles para preparar la implementación del nuevo régimen y una preocupación que atraviesa el trabajo de Usina de Justicia: la voz de las víctimas no puede desaparecer de la discusión penal.

Una intervención breve en TN, pero con un planteo preciso

La participación de Zárate en TN fue corta, pero alcanzó para establecer una distinción importante.

Ante la consulta sobre la denuncia presentada por Usina de Justicia contra la jueza Marta Pascual, Zárate cuestionó que la resolución suspendiera de manera general la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.

Su crítica no estuvo dirigida contra la existencia del hábeas corpus como herramienta judicial.

“No estamos en contra de un hábeas corpus”, aclaró.

Lo que cuestionó fue que, a partir de esa presentación, se hubiera dispuesto una suspensión por 60 días de una ley sancionada por el Congreso. Según explicó, las preocupaciones sobre una eventual afectación de derechos podían ser analizadas judicialmente, pero consideró incorrecto proyectarlas anticipadamente sobre todo el régimen y toda la provincia.

La propia cobertura de TN sobre el caso confirmó que la presentación de Usina de Justicia cuestionó la resolución por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad y objetó que la medida se apoyara en una afectación hipotética y no en un caso concreto.

Seis meses para preparar la implementación

Otro de los argumentos de Zárate fue temporal.

La integrante de Usina recordó que entre la sanción de la nueva legislación y su entrada en vigencia existió un período destinado precisamente a permitir que las distintas jurisdicciones prepararan los mecanismos necesarios para aplicarla.

La afirmación tiene respaldo en el propio texto de la Ley 27.801: el artículo 52 estableció expresamente que comenzaría a regir 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial.

Para Zárate, ese plazo debía haber sido utilizado para trabajar sobre los recursos, dispositivos, procedimientos y necesidades que planteaba la implementación provincial.

Por eso cuestionó que esas mismas dificultades fueran presentadas recién al momento de comenzar a aplicarse el régimen como fundamento para detener su funcionamiento.

Durante su breve intervención en TN señaló que las inquietudes planteadas por la jueza aparecían, a su entender, como hipótesis sobre situaciones que todavía no se habían producido.

Esa idea volvió a aparecer con mayor desarrollo en su posterior entrevista con Extra FM 102.1, donde sostuvo que durante aquellos seis meses existió tiempo para articular las necesidades de implementación con el Poder Ejecutivo provincial.

Aplicar la ley no significa encarcelar automáticamente

La entrevista en Extra FM permitió desarrollar una cuestión que en TN apenas pudo mencionar: la Ley 27.801 no establece que todo adolescente sometido al nuevo régimen deba ser automáticamente privado de su libertad.

Zárate explicó que la discusión sobre la capacidad de alojamiento no podía ser analizada desconociendo las restantes herramientas contempladas en la nueva legislación.

La norma efectivamente prevé medidas complementarias y penas no privativas de libertad. Entre ellas aparecen mecanismos de supervisión, programas educativos, prohibiciones de acercamiento o contacto con las víctimas y otras medidas sujetas a control judicial. La ley establece además criterios específicos para determinar cuándo corresponde una respuesta privativa de la libertad.

“Lo que se está atacando es la cuestión del encierro, no es automático, y no es para todos los casos”, explicó Zárate en Extra FM.

Esta distinción resulta fundamental para comprender su planteo.

Cuestionar la suspensión del régimen no equivale a sostener que la única respuesta frente a un adolescente que comete un delito deba ser la cárcel. La discusión incluye también qué medidas alternativas pueden utilizarse, cómo deben controlarse y qué intervención corresponde en función de la gravedad y las circunstancias concretas de cada caso.

El punto que Lucrecia puso en primer plano: las víctimas

Sin embargo, el eje más fuerte de las intervenciones de Zárate estuvo en otro lugar.

Durante su aparición en TN contrapuso la preocupación por una eventual vulneración futura de derechos de adolescentes con el daño concreto que padecen quienes sufren delitos y sus familiares. En la transcripción de aquella entrevista aparece de manera explícita su cuestionamiento a que el dolor de una víctima quede relegado dentro del análisis.

En Extra FM lo resumió con una frase todavía más clara:

“Acá siempre hay una voz que es la que está silenciada, que es la voz de la víctima”.

Ese planteo encuentra además un correlato concreto dentro de la propia Ley 27.801.

El nuevo régimen dedica un capítulo específico a las víctimas. El artículo 6 establece que jueces y fiscales deben velar permanentemente por la tutela efectiva de sus derechos, mientras que otras disposiciones reconocen su posibilidad de ser escuchadas y participar en distintas instancias del proceso. La ley contempla además asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito en determinados supuestos.

Por eso, la posición planteada por Zárate no consiste en enfrentar los derechos de los adolescentes con los de las víctimas.

El punto es que ambos forman parte del proceso.

Garantizar el debido proceso, la defensa, la proporcionalidad de las medidas y la especial protección correspondiente a una persona adolescente no exige excluir de la discusión a quien sufrió el delito.

Una mirada compartida dentro de Usina de Justicia

Ese énfasis en las víctimas no apareció solamente en las declaraciones de Lucrecia Zárate.

Durante el mismo recorrido mediático, otros integrantes de Usina de Justicia insistieron desde sus respectivas especialidades en una preocupación similar.

Raquel Slotolow, ex jueza e integrante de la organización, sostuvo:

“Las víctimas tienen derecho a tener justicia y que haya consecuencias sobre los hechos que los damnificaron”.

Fernando Soto, abogado penalista y también integrante de Usina, planteó en otra entrevista:

“La víctima tiene un rol fundamental en el proceso penal, porque no es solamente el imputado, es el imputado y la víctima”.

Las intervenciones de Zárate, Slotolow y Soto muestran así un eje común durante estas jornadas: el Régimen Penal Juvenil debe discutirse con todas las garantías jurídicas necesarias, pero sin convertir a las víctimas en actores secundarios del proceso.

De TN a Extra FM: más tiempo para desarrollar el argumento

La diferencia entre ambas apariciones de Lucrecia también resulta significativa.

En Sólo Una Vuelta Más, por TN, su participación fue de apenas unos segundos. Aun así, alcanzó a expresar las principales objeciones de Usina: el cuestionamiento al alcance de la suspensión, el carácter hipotético que atribuía a sus fundamentos, el período previo disponible para implementar la ley y la necesidad de incorporar el daño sufrido por las víctimas.

En Extra FM 102.1, el 9 de septiembre, pudo desarrollar esos puntos con mayor profundidad.

Allí calificó la situación como un problema institucional, explicó que las medidas de encierro no son automáticas, volvió sobre los seis meses previstos para preparar la implementación y profundizó especialmente en la necesidad de que las víctimas tengan participación y acompañamiento.

La entrevista permitió además visibilizar otro aspecto del trabajo de Usina de Justicia: el acompañamiento jurídico y psicológico gratuito que la organización brinda a familiares de víctimas de homicidio y femicidio.

Zárate conoce directamente esa tarea. Dentro de Usina participa como abogada y criminóloga en actividades destinadas a explicar a víctimas y familiares cómo funciona el proceso penal y cuáles son sus derechos en las distintas etapas.

La apelación cambió el escenario, pero no el debate de fondo

Mientras se desarrollaba esta sucesión de entrevistas, el escenario judicial volvió a modificarse.

El 9 de septiembre, el fiscal Hernán Ceruti apeló la resolución de la jueza Pascual y solicitó que la medida cautelar fuera dejada sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías.

Entre los fundamentos del recurso aparecen cuestiones que habían formado parte de las objeciones públicas planteadas durante esas jornadas: la ausencia de un caso concreto que demostrara una afectación actual o inminente, el alcance general atribuido a una situación particular y la necesidad de considerar que la nueva ley contempla respuestas distintas de la privación de la libertad.

La apelación abrió una nueva instancia y modificó el escenario existente durante la entrevista inicial de Lucrecia en TN.

Pero no eliminó las preguntas que quedaron planteadas.

¿Cómo debe actuar el Estado cuando una nueva ley exige adecuaciones institucionales? ¿Hasta dónde puede extenderse una decisión judicial adoptada preventivamente? ¿Cómo se protegen los derechos de los adolescentes sin dejar fuera de la discusión a quienes sufrieron los delitos? ¿Y qué responsabilidad tienen las instituciones cuando dispusieron de meses para preparar una implementación?

Que la víctima no vuelva a quedar afuera

La participación de Lucrecia Zárate en los medios fue más breve que la de otros integrantes de Usina de Justicia, pero permitió expresar uno de los principios que la organización buscó sostener durante toda la controversia.

El sistema penal juvenil necesita garantías, especialización, respuestas proporcionales y herramientas que no se reduzcan exclusivamente a la prisión.

Pero también necesita reconocer que cada delito puede dejar detrás una persona herida, una familia atravesada por una pérdida o una víctima que deberá continuar relacionándose con el sistema judicial durante años.

La Ley 27.801 reconoce expresamente derechos para esas personas.

El desafío es que esos derechos no permanezcan únicamente escritos en una norma.

En palabras de Lucrecia Zárate, la voz de la víctima no puede seguir siendo la voz silenciada.