Raquel Slotolow en los medios: la posición de Usina de Justicia ante la suspensión del Régimen Penal Juvenil

Raquel Slotolow, ex jueza del Departamento Judicial Zárate-Campana y miembro de Usina de Justicia, tuvo una intensa presencia en medios de comunicación durante la controversia generada por la suspensión de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

A través de entrevistas en Radio Rivadavia AM 630, Radio Continental, Radio Nacional, Radio Mitre y Mañana UNO, por UNO 106.3 de Santa Fe, Slotolow explicó la posición de Usina de Justicia frente a la decisión judicial, analizó los alcances de la Ley 27.801 y puso en el centro de la discusión una preocupación que atravesó todas sus intervenciones: los derechos de las víctimas.

El recorrido mediático permitió, además, seguir la evolución de los acontecimientos. Mientras las primeras entrevistas estuvieron atravesadas por la incertidumbre provocada por la resolución, en una de las últimas intervenciones Slotolow comunicó al aire que la Fiscalía había apelado la medida, abriendo una nueva instancia de revisión judicial.

La posición de Usina recorrió distintos medios

La participación de Slotolow no fue una declaración aislada.

En Radio Rivadavia AM 630, fue entrevistada el 8 de septiembre por Cristina Pérez en Cristina Sin Vueltas. Allí cuestionó la posibilidad de suspender la aplicación de una ley vigente y desarrolló la posición de Usina frente a la controversia.

Ese mismo día participó de Juntos en Continental, por Radio Continental, donde volvió sobre las facultades de los magistrados, el alcance de la decisión adoptada y las responsabilidades que corresponden a los organismos encargados de implementar el nuevo régimen.

El 9 de septiembre, en Radio Nacional, conversó con Nico Yacoy en Primer Round. Allí insistió en que, frente a dificultades materiales para implementar una ley, el camino institucional debería ser reclamar a las autoridades competentes los recursos y mecanismos necesarios para cumplirla.

La posición de Usina también llegó a Radio Mitre, donde Slotolow explicó los fundamentos de las objeciones planteadas por la organización contra la decisión de la jueza Marta Pascual.

A ese recorrido se sumó Mañana UNO, por UNO 106.3 de Santa Fe. Para entonces el escenario comenzaba a modificarse: durante la propia entrevista, Slotolow informó que acababa de recibir la noticia de que el fiscal había apelado la resolución.

Distintos programas, conductores y audiencias sirvieron así para desarrollar una misma discusión desde varios ángulos: las atribuciones judiciales, las obligaciones de implementación, el funcionamiento concreto del Régimen Penal Juvenil y el lugar que deben ocupar las víctimas dentro del sistema de Justicia.

“Los jueces deben aplicar la ley”

Uno de los argumentos centrales sostenidos por Slotolow fue que una eventual falta de infraestructura, personal o mecanismos de implementación no debería resolverse dejando sin aplicación el régimen.

Desde su experiencia como ex magistrada, explicó que el Poder Judicial dispone de herramientas para exigir respuestas concretas a las autoridades encargadas de implementar una norma.

Frente a dificultades materiales, sostuvo, los jueces pueden requerir la intervención de los organismos responsables y reclamar que se adopten las medidas necesarias para hacer posible su cumplimiento.

“Los jueces deben aplicar la ley y ponerla en funcionamiento”, expresó durante una de las entrevistas.

Slotolow señaló que, si faltan recursos o infraestructura, corresponde reclamar su provisión a las autoridades competentes. Durante sus intervenciones hizo referencia a ministerios, autoridades provinciales y otros organismos estatales que pueden tener responsabilidades dentro del proceso de implementación.

También recordó que entre la sanción de la Ley 27.801 y su entrada en vigencia existió un período destinado a preparar su aplicación efectiva, y cuestionó que las adecuaciones necesarias no hubieran avanzado suficientemente.

Su crítica, por lo tanto, no estuvo dirigida a desconocer los desafíos que puede presentar la puesta en marcha de un nuevo sistema, sino a la respuesta elegida frente a esos problemas.

El debate sobre las facultades y la jurisdicción

Otro de los temas que Slotolow desarrolló repetidamente fue el alcance de la resolución adoptada por la jueza Marta Pascual.

Desde su interpretación jurídica, cuestionó que una decisión proveniente de un juzgado con una competencia territorial determinada pudiera proyectarse como una suspensión general del régimen en toda la provincia de Buenos Aires.

Slotolow relacionó esta posición con su propia experiencia como jueza en el Departamento Judicial Zárate-Campana y señaló que el ejercicio de la magistratura se encuentra limitado por competencias y jurisdicciones determinadas.

Para la integrante de Usina, si existen problemas que impiden aplicar adecuadamente una norma, esos obstáculos deben generar requerimientos hacia las instituciones responsables de solucionarlos.

El interrogante que introdujo reiteradamente fue qué ocurriría, mientras tanto, con las víctimas de nuevos delitos.

Desde la perspectiva de Usina de Justicia, esa pregunta no puede quedar desplazada cuando se discuten las consecuencias prácticas de una decisión judicial.

El Régimen Penal Juvenil no significa encarcelamiento automático

Uno de los puntos sobre los que Slotolow hizo especial hincapié fue la necesidad de explicar qué significa realmente la aplicación de la Ley 27.801.

Durante las entrevistas rechazó la idea de que el nuevo régimen conduzca automáticamente a la prisión de cada adolescente alcanzado por una causa penal.

Por el contrario, señaló que existen distintas medidas y herramientas previas a la privación de la libertad.

Entre ellas mencionó mecanismos de supervisión, amonestaciones, restricciones y prohibiciones de acercamiento, controles, monitoreo y otras medidas de seguimiento, además de la posibilidad de intervenciones multidisciplinarias según las características de cada caso.

“Esto no es que un menor delinque y va preso. No es así”, explicó en una de sus intervenciones.

En otra lo sintetizó todavía con mayor claridad:

“La detención es la última ratio”.

Esta distinción ocupó un lugar relevante dentro de su cuestionamiento a la suspensión. Para Slotolow, los problemas vinculados con la disponibilidad de lugares de alojamiento no pueden analizarse suponiendo que cada intervención del Régimen Penal Juvenil terminará necesariamente en una medida de encierro.

La propia estructura del sistema contempla respuestas diferentes.

Responsabilidad no es sinónimo de prisión, pero tampoco de ausencia de intervención

A lo largo de las entrevistas apareció otro concepto importante.

Para Slotolow, someter a un adolescente a la intervención de la Justicia no debería entenderse únicamente en términos de castigo. También permite establecer controles, seguimiento y medidas destinadas a intervenir frente a una conducta delictiva.

En sus declaraciones planteó que devolver simplemente a un adolescente al mismo entorno sin ningún mecanismo de supervisión puede significar que las condiciones que rodearon la comisión del delito permanezcan intactas.

Por eso hizo referencia a la necesidad de evaluar cada situación individualmente e incorporar, cuando corresponda, la participación de profesionales y equipos multidisciplinarios.

Su argumento plantea una diferencia entre privar de libertad y responsabilizar e intervenir.

El debate, desde esa perspectiva, no debería quedar reducido a dos posibilidades —encarcelamiento o ausencia de respuesta— cuando la propia legislación prevé herramientas intermedias.

Las víctimas en el centro de la discusión

El lugar de las víctimas fue el eje más persistente de las intervenciones de Slotolow.

La ex jueza cuestionó que buena parte del debate público se concentrara sobre los adolescentes alcanzados por el régimen sin incorporar con la misma intensidad la perspectiva de quienes sufrieron un delito y de sus familiares.

“Las víctimas tienen derecho a tener justicia y que haya consecuencias sobre los hechos que los damnificaron”, sostuvo.

Slotolow remarcó que reconocer todas las garantías constitucionales de una persona sometida a proceso no exige borrar a quien sufrió el delito.

Por el contrario, sostuvo expresamente la necesidad de un proceso justo, con todas las garantías correspondientes y una resolución que, según el caso, podrá ser condenatoria o absolutoria.

Su reclamo es que la víctima también ocupe un lugar concreto dentro de ese sistema.

Durante una de sus entrevistas fue particularmente crítica de la expresión “menores en conflicto con la ley” cuando, según su posición, su utilización termina diluyendo la existencia de un delito y de personas directamente perjudicadas por ese hecho.

“No es un conflicto, es un delito”, manifestó.

Más allá de la discusión terminológica, su planteo apuntó a evitar que desaparezca de la conversación pública aquello que da origen al proceso penal: la existencia de un hecho, un daño y una víctima.

¿Quién acompaña a la víctima?

En otra de sus intervenciones, Slotolow trasladó la discusión hacia un problema más amplio del sistema de Justicia.

Cuando una persona imputada necesita asistencia jurídica, señaló, existen mecanismos estatales destinados a garantizar su derecho de defensa.

A partir de allí planteó una pregunta:

¿Qué ocurre con quien sufrió el delito?

Slotolow cuestionó que víctimas y familiares deban muchas veces buscar por sus propios medios orientación, información y acompañamiento jurídico en momentos especialmente difíciles.

“¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con el que sufre el delito?”, preguntó durante una de las entrevistas.

Ese planteo permitió también explicar públicamente una de las funciones que cumple Usina de Justicia.

Durante la conversación, Slotolow se dirigió directamente a personas que atravesaban situaciones de victimización y las invitó a comunicarse con la organización.

“Nosotros los vamos a acompañar y les vamos a explicar qué derechos tienen”, expresó.

Recordó que Usina de Justicia acompaña a víctimas y familiares, ofrece orientación y asesoramiento legal de manera gratuita y desarrolla esa tarea desde una organización apartidaria.

De esta forma, las entrevistas no funcionaron solamente como espacios para expresar una posición institucional frente a la Ley 27.801. También sirvieron para hacer llegar a quienes atraviesan un delito la posibilidad concreta de pedir orientación y acompañamiento.

Los límites de la justicia restaurativa ante delitos graves

Durante el recorrido mediático, Slotolow también fue consultada acerca de la justicia restaurativa.

Su respuesta introdujo una distinción.

Consideró que las herramientas restaurativas pueden tener utilidad frente a determinados delitos de menor gravedad, pero cuestionó que puedan ofrecerse como respuesta suficiente frente a hechos que provocaron consecuencias irreparables.

“¿Cómo podemos restaurar una muerte?”, preguntó.

También llevó el interrogante al caso de una persona que sufrió un abuso sexual.

Su planteo no rechazó la existencia de alternativas a la prisión. De hecho, en las mismas entrevistas explicó reiteradamente que la Ley 27.801 contempla numerosas herramientas diferentes del encierro.

Lo que cuestionó fue que esas alternativas sean confundidas con la ausencia de responsabilidad o de consecuencias frente a delitos graves.

Para Slotolow, el desafío consiste en combinar las garantías de quien atraviesa un proceso penal, las respuestas previstas por la legislación y los derechos de la persona que sufrió el delito.

La posición de Usina antecede a esta controversia

Slotolow recordó también que la participación de Usina de Justicia en la discusión sobre responsabilidad penal juvenil no comenzó con la resolución judicial de estos días.

Durante el debate legislativo, explicó, la organización había defendido incluso una posición distinta respecto de la edad mínima de responsabilidad penal, proponiendo que comenzara a los 12 años.

La Ley 27.801 finalmente estableció el Régimen Penal Juvenil para adolescentes desde los 14 años.

Slotolow diferenció, sin embargo, dos etapas: una cosa es la discusión política y legislativa acerca del contenido que debería tener una norma; otra es lo que corresponde hacer una vez que el Congreso sancionó una ley y comenzó su implementación.

A partir de allí, su reclamo durante las entrevistas fue que las instituciones responsables desarrollaran los mecanismos necesarios para hacer efectivo el régimen aprobado.

De la suspensión a la apelación

El recorrido por los distintos medios permitió registrar además cómo fue cambiando el escenario en cuestión de días.

Las primeras intervenciones de Slotolow estuvieron dominadas por la resolución que había suspendido la aplicación del régimen, las objeciones formuladas por Usina de Justicia y la preocupación por las posibles consecuencias de la medida.

Luego apareció una novedad significativa.

Durante la entrevista en Mañana UNO, Slotolow comunicó al aire una información que acababa de recibir:

“Acabo de recibir la información que el fiscal apeló la medida”.

La presentación de la apelación modificó el escenario existente durante sus primeras apariciones y abrió una nueva instancia dentro de la controversia judicial.

Por eso las entrevistas tienen también valor como registro de una secuencia: permiten observar cómo Usina de Justicia sostuvo públicamente su posición mientras los acontecimientos todavía estaban desarrollándose.

Otros reclamos de Usina también llegaron a los medios

Las entrevistas permitieron que Slotolow retomara además otras cuestiones sobre las que Usina de Justicia viene reclamando respuestas.

Una de ellas fue la presencia de teléfonos celulares dentro de establecimientos penitenciarios, que la organización cuestiona por su posible utilización para cometer estafas, amenazas y otros delitos desde las propias unidades carcelarias.

Slotolow también planteó interrogantes respecto de las personas privadas de la libertad que recibieron excarcelaciones o medidas durante la pandemia y sobre cuántas de ellas pudieron posteriormente volver a involucrarse en hechos delictivos.

En este punto realizó una aclaración especialmente importante: manifestó que no disponía de cifras que pudiera afirmar como definitivas.

Por eso formuló el tema como una pregunta pendiente de investigación y no como una estadística comprobada.

Nuevamente, el interrogante estuvo vinculado con el eje que atraviesa el trabajo de la organización: cuáles fueron las consecuencias de determinadas decisiones y cuántas nuevas víctimas podrían haberse producido.

Una misma posición ante diferentes audiencias

Radio Rivadavia, Radio Continental, Radio Nacional, Radio Mitre y UNO 106.3 representaron diferentes espacios, programas y audiencias.

También fueron cambiando las noticias mientras se desarrollaban las entrevistas.

Sin embargo, la posición expresada por Raquel Slotolow mantuvo un hilo conductor.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no debe confundirse con encarcelamiento automático. Las dificultades para implementar una ley requieren respuestas de las instituciones responsables. Quien es sometido a un proceso penal debe contar con todas sus garantías. Y, al mismo tiempo, las decisiones sobre Justicia y política criminal no pueden construirse ignorando a quienes padecieron el delito.

Personas que perdieron a un familiar, que fueron atacadas, abusadas, robadas o violentadas también tienen derechos y necesitan protección, información, asistencia y una respuesta del Estado.

Ese fue el mensaje que Usina de Justicia llevó durante estas jornadas a los distintos medios: las garantías de quien enfrenta un proceso y los derechos de quien sufrió el delito no son objetivos incompatibles. La Justicia debe ser capaz de proteger ambos, sin olvidar a las víctimas.