Usina de Justicia y víctimas reclamaron prohibir los celulares en las cárceles bonaerenses

El 11 de septiembre de 2026, Usina de Justicia y víctimas de la inseguridad presentaron petitorios dirigidos al gobernador de la provincia de Buenos Aires para solicitar la prohibición de la tenencia de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios bonaerenses.

La presentación busca poner en el centro un problema que afecta directamente a la seguridad de las víctimas y de toda la sociedad: la posibilidad de que personas privadas de su libertad mantengan comunicaciones con el exterior y que las cárceles puedan ser utilizadas para facilitar o coordinar nuevas actividades delictivas.

Que las cárceles no sean plataformas del delito

El reclamo plantea la necesidad de que el Estado provincial adopte medidas concretas para impedir que los teléfonos celulares se conviertan en una herramienta para continuar operando desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Para Usina de Justicia, el cumplimiento de una pena privativa de la libertad debe ser compatible con el respeto de los derechos de las personas detenidas, pero también con una obligación básica del Estado: garantizar que desde una cárcel no puedan generarse nuevos riesgos para quienes están afuera.

La seguridad penitenciaria no termina dentro de los muros. Cuando existen herramientas que permiten mantener una comunicación permanente y sin controles suficientes con el exterior, las consecuencias pueden alcanzar nuevamente a víctimas, familias y ciudadanos que esperan que el sistema penal también los proteja.

Un reclamo presentado junto a las víctimas

La presentación del 11 de septiembre reunió el reclamo institucional de Usina de Justicia con el de víctimas que también hicieron llegar sus petitorios al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa busca que la prohibición de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios sea acompañada por controles efectivos que impidan su ingreso, tenencia y utilización, de modo que la medida no quede limitada a una prohibición formal sin capacidad real de cumplimiento.

Para Usina de Justicia, la política penitenciaria también debe ser pensada desde la perspectiva de quienes padecieron el delito y de quienes pueden volver a convertirse en víctimas.

Desde Usina de Justicia exigimos que las cárceles dejen de funcionar como plataformas del delito. El Estado tiene la responsabilidad de impedir que una persona privada de su libertad conserve herramientas que puedan ser utilizadas para generar nuevas víctimas.

Imagen destacada: usaría la foto grupal en la que aparecen simultáneamente representantes y víctimas con la identificación de Usina de Justicia y el reclamo contra los celulares en las cárceles. Es la que mejor explica por sí sola quién realizó la acción y cuál fue el pedido.